Un grupo de funcionarios estatales de Illinois ha presentado una demanda federal en contra del gobierno de Donald Trump, acusándolo de haber llevado a cabo una "ocupación ilegal" en el estado y la ciudad de Chicago. La demanda es similar a otra que se presentó recientemente en Minnesota, pero va más allá en lo que respecta a los reclamos.
Los funcionarios estatales afirman que los agentes federales han estado utilizando tácticas "agresivas" y "violentas" para ejercer control sobre la población, incluyendo el uso de gas lacrimógeno y arrestos sin orden judicial. También acusan a los funcionarios federales de haber entrado ilegalmente en propiedad privada, incluyendo un cementerio y un mercado de segunda mano al aire libre.
La demanda busca una orden que prohíba a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevar a cabo la aplicación de la ley inmigración civil en Illinois sin la aprobación del Congreso. También busca poner fin a políticas que han llevado a la escaneada biométrica, el ocultamiento de placas y los arrestos sin orden judicial.
Los funcionarios estatales argumentan que los agentes federales han actuado como "ocupantes" en lugar de oficiales de la ley y que sus acciones han sido "inaceptables". También señalan que la administración de Trump ha violado repetidamente la ley y socavado la confianza pública.
La demanda se presenta en medio de una creciente indignación sobre las tácticas de los federales, especialmente después del tiroteo mortal de Renee Good por parte del oficial de ICE Jonathan Ross. También se han planteado preguntas sobre la capacidad de los funcionarios estatales para enjuiciar a los agentes federales.
La administración de Trump ha descrito la demanda como "un manifiesto de extrema izquierda" y ha afirmado que está haciendo cumplir la ley federal y arrestando a inmigrantes ilegales criminales. El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, ha respondido afirmando que los agentes federales han actuado como "ocupantes" en lugar de oficiales de la ley.
La demanda se presentará ante una jueza federal el próximo jueves y podría ser un desafío importante para la administración de Trump. La corte federal dirksen ha sido escenario de varias batallas entre los funcionarios estatales y federales en relación con la aplicación de la ley inmigratoria.
Los funcionarios estatales afirman que los agentes federales han estado utilizando tácticas "agresivas" y "violentas" para ejercer control sobre la población, incluyendo el uso de gas lacrimógeno y arrestos sin orden judicial. También acusan a los funcionarios federales de haber entrado ilegalmente en propiedad privada, incluyendo un cementerio y un mercado de segunda mano al aire libre.
La demanda busca una orden que prohíba a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevar a cabo la aplicación de la ley inmigración civil en Illinois sin la aprobación del Congreso. También busca poner fin a políticas que han llevado a la escaneada biométrica, el ocultamiento de placas y los arrestos sin orden judicial.
Los funcionarios estatales argumentan que los agentes federales han actuado como "ocupantes" en lugar de oficiales de la ley y que sus acciones han sido "inaceptables". También señalan que la administración de Trump ha violado repetidamente la ley y socavado la confianza pública.
La demanda se presenta en medio de una creciente indignación sobre las tácticas de los federales, especialmente después del tiroteo mortal de Renee Good por parte del oficial de ICE Jonathan Ross. También se han planteado preguntas sobre la capacidad de los funcionarios estatales para enjuiciar a los agentes federales.
La administración de Trump ha descrito la demanda como "un manifiesto de extrema izquierda" y ha afirmado que está haciendo cumplir la ley federal y arrestando a inmigrantes ilegales criminales. El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, ha respondido afirmando que los agentes federales han actuado como "ocupantes" en lugar de oficiales de la ley.
La demanda se presentará ante una jueza federal el próximo jueves y podría ser un desafío importante para la administración de Trump. La corte federal dirksen ha sido escenario de varias batallas entre los funcionarios estatales y federales en relación con la aplicación de la ley inmigratoria.